De convocatorias, mercenarios, empresarios y otras especies: el caso RELEASED MINDS

El caso de la banda Released Minds y su participación en las audiciones de bandas distritales para el Festival Rock al Parque ha evidenciado la falla más grande de los festivales públicos. Y no, no se trata de fomentar la cultura del no pago. Se trata de algo mucho peor.

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Que son de Medellín. Que son de Bogotá. Que están repartidos entre varias ciudades. Que interpretan la norma. Que jugaron con la regla. Las opiniones, sin conocimiento de causa, no sólo generan desinformación sino que, además desvían el debate, evitando tocar el punto neurálgico, el meollo del asunto: las fallas internas en las políticas públicas culturales y, específicamente, en los festivales públicos.

RELEASED MINDS no es el único caso, pero por estos días sí es el más visible. ¿Cómo es que una banda que en 2018 se presenta en la tarima internacional del Festival Altavoz Medellín 2018 está participando en las audiciones de bandas distritales participando en Rock al Parque de Bogotá 2019? En el proceso de preselección también se presentó la banda Dirges, que tocó en Altavoz en 2017, y está el caso de Kariwa cuyo guitarrista líder Julián Gil, uno de los más talentosos y reputados en la escena nacional, está radicado en Pereira. Y en el caso de Released Minds, el señor Sebastián Duque, frontman de la banda, vive en Bogotá desde 2016; Luigi Torres, líder y fundador de la banda, y su coequipero Alfredo, son bogotanos y su residencia oscila entre ambas ciudades; el señor Torres tiene su empresa constituida legalmente en Bogotá mientras que otro de sus compañeros de banda, Sergio, es empleado en la empresa del primero y, por esta cuestión, reside y trabaja entre Medellín y Bogotá, permaneciendo más tiempo en esta segunda ciudad. Cuando menos, estos son los argumentos de la banda.

Es entendible; las dinámicas del mercado laboral obligan a mudarse de ciudad y las bandas, para no desintegrarse, deciden continuar pese a todo; algunos buscan nuevos integrantes, otros mantienen la formación original pese a la distancia y, de algunos casos, tienen alineaciones alternativas dependiendo de dónde vayan a tocar. Y si la cantaleta del cacareado “emprendimiento” ha vendido la idea de concebir las bandas como “empresas”, lo más lógico es que una “empresa” busque los modelos que les resulten más rentables.

Un ejemplo de esto último son los japoneses Metalucifer, por ejemplo, cuentan con alineaciones alternativas tanto para grabar sus álbumes como para salir de gira y las cambian dependiendo si lo hacen en Europa o las Américas. Si las bandas son del lugar donde ensayan, y en el caso de Metalucifer ambas alineaciones ensayan en continentes distintos, así que ¿de dónde es la banda?

En principio, los festivales públicos nacieron como una opción para acercar las expresiones culturales a públicos que, de otra manera, no tenían acceso a ellas. El objetivo principal era la formación de públicos y la creación de consumo cultural en un país cuyo sistema educativo no forma en fomento de expresiones artísticas y cuya sociedad no tiene entre sus tradiciones el consumo de bienes culturales; un país en el que la cultura se reservó durante décadas a las élites y donde los programas de formación cultural y artística han ido disminuyendo con el paso del tiempo, transformando el arte y la cultura en puro y simple entretenimiento. En este contexto, las bandas no son artistas, ni siquiera artesanos; se han convertido en recreacionistas del Estado.

En una sociedad sin industria orientada al metal como bien de consumo cultural, donde la poca demanda está casi monopolizada por el circuito de festivales gratuitos, y con el asunto del “emprendimiento” y de proyectar la banda como “empresa”, para una banda que se quiera montar en ese bus de “mi banda es una empresa” la opción que le queda es participar de los circuitos de festivales públicos. No sólo son proveedores de servicios para el Estado ni son simples entretenedores o recreacionistas de papá gobierno; ahora las bandas se están convirtiendo en mercenarios de convocatorias. Y si para sobrevivir en el modelo empresarial capitalista, es necesario “hacer lo que toque, cuando toque, como toque, inclusive si eso implica jugar a dos o más bandos, porque lo importante es no perder”, pues… ¿pueden culparlas?

Si la banda incurrió en falsedad o ilegalidad de algún tipo, entonces deben tomarse las medidas pertinentes que amerite el caso. Pero vericuetos legales aparte, no nos llamemos a engaños. El debate no es si la agrupación X o Y es de tal o cual ciudad, o si está interpretando o amañándo la norma, o si fueron o no “estratégicos”. Tampoco es mera cuestión de aplicar filtros ni seleccionar jurados que hagan su trabajo de manera juiciosa y diligente que hagan seguimiento a los participantes (en Medellín, por ejemplo, se han detectado estas “estrategias” de acomodarse a la norma y se ha logrado persuadir a las bandas para evitarse líos legales). Sí, este asunto pone de manifiesto las brechas, grietas y fisuras que tienen estos lineamientos, pero el asunto en juego es cuáles son los objetivos de las políticas públicas culturales.

Si de verdad les interesara apoyar este tipo de expresiones culturales, invertirían esos recursos en la creación e implementación de programas de formación en academias y escuelas de música orientadas al rock y sus subgéneros, a laboratorios de producción sonora, a talleres y clínicas de instrumentos, a fortalecer las destrezas y habilidades de quienes, por pasión, forman las bandas del género musical con el que más se identifican, y que por falta de recursos y conocimientos, a repetirse unas a otras. En lugar de construir las bases que permitan construir industria y, a futuro, un producto de exportación cultural, están subutilizando los talentos de nuestras bandas, relegándolas al papel de recreacionistas y mercenarios, o peor aún, exigiéndoles “profesionalización” cuando carecen de recursos materiales y formativos para ello. Ese es peor daño de esa alcahuetería.

Sin embargo, como los resultados de una inversión como la arriba descrita sólo se vería a futuro, y en Colombia somos inmediatistas y sólo queremos resultados a corto plazo, lo mostrable en los indicadores de gestión son la las cifras y las fotos de la cantidad de público que convocan estos festivales. Entonces, si los festivales desean conservar la poca credibilidad que aún les queda, las personas a cargo han de sentarse, reflexionar, revisar y refinar sus criterios y mecanismos de selección.

¿Quieren un cartel de bandas locales y nacionales óptimos y atractivos? Conozcan mejor sus escenas locales y construyan una red de asesores; no acudan a promotores o negociantes; asesórense de quienes en verdad están en contacto con las bandas activas que trabajan constantemente y, sobre todo, orienten sus laboratorios de formación a contenidos más allá del manual para participar en sus convocatorias y “los 12 pasos” para presentarse en sus escenarios.

Toda crisis es positiva cuando se convierte en oportunidad. Y esta crisis en una oportunidad sin igual que deja dos asuntos a considerarse:

Para las bandas, queda entonces considerar y plantearse bien sus objetivos y preguntarse hasta dónde estándispuestos a llegar con tal de conseguir la vana ilusión de oropel que venden las grandes tarimas de los festivales públicos con sus quince minutos de gloria a cambio de convertirse en recreacionistas y entretenedores de momento.

Para los festivales: Fortalezcan el talento local. Conéctense con su escena local. Si los festivales estuvieran realmente en sintonía con sus escenas musicales y sus bandas locales, si de verdad estuvieran conectarse con lo que sucede allá afuera, no les quedaría duda “de dónde es la banda”.

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1 comentario en “De convocatorias, mercenarios, empresarios y otras especies: el caso RELEASED MINDS

  1. Qué desafortunado artículo. Claramente el autor adopta una posición en la que defiende a la banda cuestionada, dejando a un lado la objetividad e imparcialidad, y por el contrario échandole la culpa al escenario musical nacional e incluso a los mismos festivales públicos. Haciendo un juego de palabras, más o menos el argumento que justifica la falta de ética de la agrupación que protagoniza este bochornoso asunto es el mismo que podría utilizarse en el caso de una violación, cuando se le echa la culpa a la víctima por «haberse vestido así» o por «haber caminado a esa hora sola y por ese lugar». Es como decir que un ladrón no es culpable de hurto porque su víctima dió «papaya». Terrible. Pretende desviar la atención de lo realmente delicado e importante despachándose en una serie de críticas a los festivales públicos que no son del caso en este momento, tratando de minimizar la falta de ética la banda en cuestión. Y lo más paradójico e irritante del asunto es que trata a las bandas que participan de este tipo de convocatorias como «mercenarias», cuando el autor mismo es uno de ellos, ya que es jurado de Altavoz y no por primera vez. Critica fuertemente al festival y está en contra del manejo que se le da, pero no duda ni un momento en trabajar para él y recibir su dinero. Qué triste que tanto el proceder de la banda como este artículo sean una fiel radiografía de lo podrida que está la ética en este país.

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